6.1. El reinado de Isabel II (1833-1868): la primera guerra carlista. Evolución política, partidos y conflictos. El Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1837 y 1845.

El reinado de Isabel II se divide en cinco etapas diferenciadas. La primera, la regencia de Mª Cristina abarca de 1834 a 1840. La muerte de Fernando VII en 1833 desencadena una guerra civil, la primera guerra carlista. Esta enfrenta a los carlistas, defensores de Carlos Mª Isidro (hermano de Fernando VII), que no reconocían la Pragmática Sanción de 1830 (que anula la Ley Sálica), y a los isabelinos, partidarios de Isabel II. A su vez, se trataba de un enfrentamiento por los ideales del Antiguo Régimen (carlistas) contra el liberalismo (isabelinos).

El apoyo al carlismo (nobleza, clero y campesinado) era mayoritariamente rural, aunque contaba con apoyo de las provincias forales, pero los altos cargos militares pertenecían al ejército isabelino. A estas limitaciones militares se sumaban las territoriales, dado que exceptuando las provincias forales y algunas comarcas agrarias del norte, el carlismo carecía de apoyos.

En octubre de 1833 los carlistas proclaman rey a Don Carlos (recibiendo el nombre de Carlos V), que bajo el mando del general Zumalacárregui, se afianzaron en el territorio vasconavarro. Pero en 1835 fracasaron en sitiar Bilbao y más tarde en su avance hacia el sur. Dos años más tarde, tiene lugar la Expedición Real (1837), que de la misma manera, fracasó en su intento de tomar Madrid. El avance del general Espartero (isabelino) obligó al general Maroto (carlista) a iniciar negociaciones con él, las cuales desembocaron en el Convenio de Vergara (agosto de 1839), por el cual las tropas carlistas se unían al ejército isabelino y la Guerra se daba por finalizada.

Dentro de la tendencia liberal encontramos dos corrientes diferentes: el Partido Moderado y el Partido Progresista. El Partido Moderado defendía un liberalismo doctrinario, con soberanía compartida entre las Cortes y el Rey, quien gozaba de amplios poderes; un estado centralizado, con una economía proteccionista; sufragio censitario muy restringido, un estado confesional sin libertad de cultos y la limitación de los derechos individuales. El Partido Progresista defendía la soberanía nacional; un estado descentralizado, con una economía liberal; un sufragio censitario, una relación Iglesia-Estado con libertad de cultos y derechos políticos amplios. 

La regente en esta etapa, Mª Cristina de Borbón Dos-Sicilias, llega a un acuerdo con los liberales para preservar la Corona. En 1834, Martínez de la Rosa proclama el Estatuto Real, una carta otorgada que supuso la transición del absolutismo al liberalismo, pero sin reconocer la soberanía nacional ni los derechos fundamentales. Se reconoce un sistema de representación bicameral: El Estamento de los Próceres (la cámara alta, elegida por la Reina) y el Estamento de los Procuradores (elegidos por sufragio censitario). La Reina conservaba bastante poder, dado que convocaba, suspendía y disolvía Cortes, por lo que eran únicamente de carácter consultivo. La regente se aproxima más a los progresistas, por lo que el poder recaía sobre Mendizábal, quien inició una desamortización de las tierras eclesiásticas y pretendía iniciar una transición desde el Estatuto a un régimen constitucional. Su dimisión forzada provoca un pronunciamiento progresista, el Motín de la Granja (agosto de 1836), que fuerza a la regente a introducir reformas más progresistas, como la soberanía nacional, la libertad de prensa y la limitación del poder real; pero también aspectos moderados como el poder de la Corona para disolver Cortes. Las Cortes estaban formadas por el Senado (nombrado por el Rey) y el Congreso de los Diputados (elegido por sufragio censitario). Además se establece la Milicia Nacional.

La segunda etapa es la Regencia de Espartero, que comienza tras una sublevación en 1840 por un intento de la Corona de cambiar el sistema de elección de los ayuntamientos. Se continúa el desarrollo del programa progresista para consolidar el Estado Liberal, con una política económica librecambista, suprimiendo los aranceles a productos ingleses. La industria textil catalana no puedo competir contra la inglesa y a finales de 1842 estalló un motín en Barcelona, que fue sofocado por el regente bombardeando la ciudad desde Montjuich, lo que forzó su dimisión.

La tercera etapa es la Década Moderada (1844-1854). El moderado Narváez encabeza un pronunciamiento en 1843 en Torrejón de Ardoz, provocando la renuncia de Espartero en agosto de 1843. Antes la incapacidad de encontrar a un nuevo regente, se adelantó la mayoría de edad de la reina a los trece años. Durante este periodo los progresistas sufren una escisión por su izquierda, dando lugar al partido Demócrata, que pretendía el sufragio universal, un Estado aconfesional y la soberanía popular. Se redacta la Constitución de 1845, que establecía una soberanía compartida entre Rey y Cortes; sistema bicameral (Senado elegido por la Corona y Congreso de los Diputados mediante sufragio censitario); la Reina tiene poder legislativo, también nombra a los alcaldes; se reconoce el carácter oficial de la religión católica y la prohibición de otros cultos. Se toman otras medidas de carácter moderado como un nuevo Código Penal en 1843 (que unifica leyes a nivel nacional); la creación de la Guardia Civil por el que el Duque de Ahumada en 1844; Nueva Ley de Ayuntamientos en 1845, por la que la Corona nombra a los alcaldes; la Reforma fiscal de Alejandro Mon en 1845 (crea el impuesto indirecto y directo) y un Concordato con la Santa Sede en 1851, por el que el Estado reconoce el derecho a la Iglesia a adquirir y poseer propiedades, y la Iglesia reconoce y acepta la desamortización. La política llevada por los moderados provocó descontento en el bando más progresista, lo que supuso diversos levantamientos.

La cuarta etapa es el Bienio Progresista (1855-1856) que comienza con el pronunciamiento del general O’Donnell en 1854, conocido como la “Vicalvarada”. Antonio Cánovas del Castillo redacta el Manifiesto del Manzanares para atraerse a los progresistas. Espartero lideró el gobierno de moderados y progresistas restableciéndose la Constitución de 1837. Entre la inestabilidad política destacamos la Constitución “nonata” de 1856 y la Desamortización civil de Madoz de 1855.

La última etapa es la alternancia entre Moderados y la Unión Liberal (1856-1868), O’Donnell crea la Unión Liberal, formada por los más centristas de ambos bandos. Se alcanzó cierta estabilidad política y social y el crecimiento económico, se volvió a los principios moderados de la Constitución de 1845 (suspendió la desamortización eclesiástica y la Milicia Nacional) y se estableció una política exterior intervencionista. Pero no lograron la alternancia política pacífica, porque el gobierno era cada vez más conservador. En 1866 se firma el Pacto de Ostende entre progresistas y demócratas acordando un pronunciamiento contra Isabel II, al que en 1867 se suman unionistas y moderados. En 1868, la Revolución Gloriosa acaba definitivamente con el reinado de Isabel II.

6.2. El reinado de Isabel II (1833-1868): las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. De la sociedad estamental a la sociedad de clases

Durante el reinado de Isabel II (1833-1868) se llevaron a cabo la desamortización de Mendizábal y la de Madoz. Consistían en dejar libres los bienes amortizados para entrar al mercado.

Mendizábal accede al poder en un momento crítico, en medio de la primera Guerra carlista. Para él, era preciso liquidar las formas de propiedad feudal del Antiguo Régimen (señoríos, mayorazgos y bienes de la Iglesia) y también recaudar fondos para que el ejército isabelino acabe con la guerra civil. Por ello, Mendizábal adoptó tres medidas: la reforma y reorganización de la Hacienda, una mayor presión fiscal y la desamortización de los bienes de monasterios y conventos. Se llevó a cabo en tres pasos: en 1835 se suprimen los conventos de menos de doce individuos; en 1836, se establece la primera Ley Desamortizadora de los bienes de las órdenes regulares masculinas, con el fin de obtener recursos y para desmantelar el poder de la Iglesia e impulsar una nueva clase de propietarios; en 1837, con la segunda Ley Desamortizadora, se suprimen los bienes del clero secular y los diezmos eclesiásticos. Los bienes de la Iglesia, en su mayoría, fueron adquiridos por miembros de la burguesía. Pero los ingresos no fueron los esperados, dado que se admitió su pago en títulos de la deuda por su valor nominal, por lo que no se logró reducir la deuda pública. El proceso desamortizador generó un compromiso entre la nueva burguesía y la antigua aristocracia, de donde nacerá el bloque de poder del nuevo Estado Liberal.

Tras la Desamortización de Mendizábal, transcurre el Bienio Progresista, en el que las necesidades económicas llevaron a un nuevo proceso desamortizador. Con la Ley de Desamortización General de Madoz del 1 de mayo de 1855 se ponen a la venta los bienes eclesiásticos que no habían sido afectados por la desamortización anterior  (saltándose el Concordato con la Santa Sede de 1851), los bienes municipales, los bienes de propios y los bienes comunales (o baldíos). El importe recaudado serviría para nivelar el presupuesto estatal y financiar obras públicas. Se aceptó solo el pago en metálico, por lo que la burguesía apenas participó. El campesinado lo hizo en mayor medida, aunque en el sur, el gran tamaño de las fincas se lo impidió y la venta de bienes municipales privó a los ayuntamientos de recursos.

El establecimiento de un régimen liberal dio lugar a una transición hacia una sociedad de clases. Esta sociedad estaba ordenada según la riqueza y el poder, seguían existiendo los grupos estamentales, aunque bastante transformados. La nobleza seguía siendo un grupo numeroso, incluso algunas familias incrementaron su patrimonio, la baja nobleza desapareció y perdieron su poder jurisdiccional, disminuyendo considerablemente su influencia social. El clero se redujo notablemente por la desamortización y la crisis vocacional. La clase dominante era la burguesía, formada por una nueva oligarquía tanto política como económica, formada por empresarios textiles catalanes, siderúrgicos vascos, cerealistas castellanos, profesiones liberales y funcionarios. Dominaban al resto mediante el sufragio censitario y la restricción del derecho de asociacionismo obrero.

La realidad española configura una sociedad dual dividida en una sociedad moderna y otra del interior agrario, entre las que apenas había relación. El campesinado y el proletariado industrial eran las víctimas de esta desigualdad social. En el campo conviven la oligarquía agraria, las clases medias bajas y los campesinos sin tierras, caracterizados por el paro intermitente, los salarios bajos, una alimentación deficiente y carencias sanitarias y culturales, esto explica la alta tasa de analfabetismo, que provocan violentos estallidos sociales que son reprimidos duramente. En las ciudades, las clases trabajadoras (artesanos y obreros) empiezan a organizarse política y sindicalmente, ya que vivían al margen de la política y con limitaciones en el derecho al voto. El asociacionismo obrero era ilegal y las primeras manifestaciones (de tipo ludita) llegaron en 1835 con asaltos a fábricas en Cataluña. Espartero creó la primera organización obrera, pero poco después se disolvió.

6.3. El Sexenio Democrático (1868-1874): la constitución de 1869. Evolución política: gobierno provisional, reinado de Amadeo de Saboya y Primera República.

Durante los últimos reinados de Isabel II, la actitud de la reina fue mostrándose más conservadora. El sexenio Democrático supuso un intento de la burguesía progresista de avanzar hacia un régimen parlamentario democrático, pero fracasó por la oposición de la oligarquía y de las clases populares.

Hubo tres causas principales de la crisis de la política moderada y la revolución de 1868. Una de ellas fue la crisis económica de 1866 en los aspectos: financieros (escasa rentabilidad de vías ferroviarias), agrarias (sube el precio del trigo) y sociales (se deja de invertir a causa del paro). Otra fue la crisis política, en 1866, los progresistas y demócratas habían firmado el Pacto de Ostende (se unirá la Unión Liberal tras la muerte de O’Donnell), por el que se acuerda un derrocamiento de Isabel II. Por último, en septiembre de 1868 comienza “La Gloriosa”, un pronunciamiento de los progresistas Topete y Prim y el unionista Serrano, que vence en la Batalla de Alcolea a las tropas de la reina, que huye a París.

En el Sexenio podemos distinguir varias etapas. Comenzó con un gobierno provisional del General Serrano (octubre de 1868 – enero de 1869) formado por unionistas y progresistas. Hubo dos bloques políticos, por un lado, estaba el bloque monárquico, formado por progresistas, unionistas y demócratas (más moderados) que buscaban un cambio político, pero sin radicalismos y estaban a favor del derecho de propiedad, la monarquía española y el control estatal. Por el otro lado, estaba el bloque republicano que quería un cambio político con el apoyo de clases populares y defendían la república federal y justicia económica y social. Surgieron problemas como agitaciones campesinas en Andalucía, la oposición de la Iglesia a la libertad de cultos, las expropiaciones y la expulsión de los jesuitas, y brotes independentistas en Cuba que se traducirán en la Guerra de los 10 años (1868-78). En enero de 1869 se convocaron Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino directo, los resultados fueron mayoría conservadora en el interior, mayoría republicana en el Mediterráneo y escaños carlistas en las provincias forales. Más tarde se redactó la primera Constitución democrática en 1869 que reconocía soberanía nacional, sufragio universal, Cortes bicamerales con poder legislativo, el poder ejecutivo residía en el rey y libertad de asociación, reunión, manifestación, prensa y culto.

La segunda etapa fue la Regencia del General Serrano (1869-1870) donde se buscaba candidato al trono y Prim, jefe de gobierno, propuso a Amadeo de Saboya, quien a pesar de la oposición de los republicanos federales, fue proclamado por las Cortes en 1870.

Así entramos en la Monarquía de Amadeo I (1871-1873) que se caracterizó por la inestabilidad social y política causada por varios aspectos como el asesinato al general Prim, que era su principal apoyo; el escaso apoyo de los partidos políticos, pues se le opusieron los republicanos y carlistas y se dividió la coalición monárquico-demócrata, dando lugar al partido Constitucionalista de Sagasta y al partido Radical de Zorrilla; la inestabilidad social por el movimiento obrero; la tercera Guerra Carlista (1872-1876) y la Guerra de los 10 años en Cuba (1868-1878). Estos problemas causaron la abdicación del rey.

Tras esta abdicación comenzó la I República (1873-1874) que tampoco logró estabilizar el país, que a los problemas anteriores, se sumó el conflicto entre republicanos federales y unitarios, dando lugar a la sucesión de cuatro presidentes en menos de un año. Los dos primeros presidentes fueron republicanos progresistas, el primero fue Figueras cuya presidencia está marcada por el desorden político causado por los intentos de implantar el estado federal. Se celebraron elecciones que ganaron los federales. El segundo fue Pi y Margal que debía instaurar la república federal, pero no pudo por la sublevación cantonal. Se elaboró la Constitución de 1873 que no se publicó. Los dos últimos presidentes de esta república fueron republicanos conservadores, Salmerón inició el cambio a posturas más conservadoras y envió al ejército contra la sublevación cantonal. Con Castelar triunfó la República conservadora, se buscó restablecer la unidad nacional y el orden social mediante la suspensión de garantías constitucionales y la clausura de Cortes. Se apoyaba en el ejército consiguiendo éxitos contra carlistas y cantonalistas. Cuando se reabrieron las Cortes la oposición de los federales exigió una moción de censura que Castelar perdió. Entre el desconcierto, el general Pavía da un golpe de estado en enero de 1874.

Por último, se estableció un Gobierno provisional del general Serrano que supuso una etapa conservadora de transición en la que se utiliza el ejército para reprimir a obreros y federales. Esto favorece la vuelta a la monarquía y el 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos, se pronuncia en Sagunto y proclama rey a Alfonso XII iniciando la Restauración.